CRITERIOS EN MATERIA PENAL:
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
señala en el encabezamiento del artículo 7 que, “Son competentes para
conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia
que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las
garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación, en la
jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u
omisión que motivaren la solicitud de amparo…
De igual manera el mencionado artículo en su aparte tercero señala que
los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conocerán de los
amparos de la libertad y seguridad personales.
En relación a lo anterior se hace necesario hacer mención expresa a la
Sentencia de carácter vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, Nº 2, de fecha 20 de enero de 2000, Caso Emery
Mata Millan, donde se deja sentado la distribución de la competencia
expresada en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales. En tal sentido, entre otras cosas, dejo
sentado la Sala Constitucional, que los Tribunales penales en funciones
de control conocerán sobre los amparos de la libertad y seguridad
personales “La competencia judicial, además de ser un requisito que hace posible la
regularidad del proceso y el examen del merito de la causa, constituye
una garantía prevista en el articulo 49, numeral 3 de la Constitución de
la República. A la luz de la disciplina establecida en la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y garantías constitucionales, la identificación
del tribunal competente, para conocer de una causa de amparo
constitucional in concreto, pasa por la aplicación concorde de los
criterios legales de atribución de competencia, es decir, la materia, el
territorio, el grado, la función y la condición del presunto
agraviante, así como por la aplicación eventual del criterio de
desplazamiento de competencia, cual es la conexión entre pretensiones.
La regla principal que disciplina la citada cuestión de competencia, por
razón del grado, de la materia y del territorio, se halla en el
artículo 7 de la Ley orgánica de Amparo. Sin embargo, cuando el presunto
agravio proviene del hecho, acto u omisión de un Tribunal de la
República, la competencia para conocer de dicho agravio, de conformidad
con el artículo 4, único aparte eiusdem, se determina únicamente por
razón del grado”.
De lo anteriormente expresado, resulta claro que la acción de amparo
intentada, lo fue en la modalidad de habeas corpus por lo que resulta
pertinente delimitar el órgano competente a quien le corresponde conocer
de este tipo de acciones, en razón a que posee un procedimiento
especial en atención a su naturaleza, establecido como ya se dijo, en el
Titulo V de la Ley Orgánica de Amparo, denominado “Del Amparo de la
Libertad y Seguridad Personal”, el cual en cuanto a la competencia de lo
órganos encargados de conocer de esta modalidad de la acción de amparo
dispone:
Artículo 40º Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para
conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales.
Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las
sentencias dictadas por aquellos.
De la citada disposición anterior se desprende que el órgano jurisdiccional para
conocer del referido procedimiento de habeas corpus son los Juzgados de
Primera Instancia en lo Penal. Ahora bien, ante la posible duda que
pudiera surgir, en cuanto a la función que desempeña los Tribunales de
Primera Instancia en lo Penal; toda vez estos ejercen funciones de
Control, Juicio y Ejecución; el Código Orgánico Procesal Penal, en su
artículo 68 aparte final, además ratificar la competencia que de por si
ya señala el mencionado artículo 40 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, especifica a cuál de los
tribunales de Primera Instancia en lo penal, por la materia; corresponde
el conocimiento de la acción de amparo constitucional bajo la modalidad
de Habeas Corpus, cuando dispone que:
Artículo 68 numeral 4. (Cursivas de este profesor J.Q)
Omissis…
Corresponde al tribunal de control hacer respetar las garantías
procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes,
realizar la audiencia preliminar, y la aplicación del procedimiento por
admisión de los hechos. También será competente para conocer la acción
de amparo a la libertad y seguridad personales, salvo cuando el presunto
agraviante sea un tribunal de la misma instancia, caso en el cual el
tribunal competente será el superior jerárquico.
Tal criterio de competencia, igualmente ha sido ratificado por diversas
decisiones de la Sala Constitucional, entre las cuales puede señalarse
la Nro. 1 de fecha 20 de enero de 2000, la cual estableció con criterio
vinculante lo siguiente: “…Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la
Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la
materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales,
como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo
336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene
la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo
constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo Sobre
Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, debido a su
condición de juez natural en la jurisdicción constitucional, la
competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la
materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la
creación de una Sala con competencia constitucional, origina un criterio
orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran
comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la
Constitución).
Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia
expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá
así:
Omissis…
En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la
libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de Control, a
tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal (67 DEL COPP VIGENTE)
Determinados como han sido los criterios de competencia en materia de
amparo que regirán en dicha materia, y que por imperativo del artículo
335 de la carta magna, es de carácter vinculante para las otras Salas de
este máximo organismo jurisdiccional, así como para los demás
Tribunales de la República…” (Negritas de la Sala)...”
Amparo en Primera Instancia: es la acción que se interpone ante el tribunal competente por la materia, o bien aquél que la tenga por vía excepcional, atendiendo al territorio donde se produjeron las lesiones a los derechos constitucionales del actor. En estos casos, es preciso para el juez constitucional tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (referidos a la competencia material y territorial), los cuales rezan:
“…Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.
“Artículo 9.- Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente…”.
En la sentencia N° 1555 del 8 de diciembre de 2000, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Jesús E. Cabrera Romero, Caso YOSLENA CHANCHAMIRE BASTARDO, en la cual se estableció con precisión lo siguiente:
“…Los criterios para determinar la competencia que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, son los del grado o la materia y el territorio, ya que por la naturaleza del amparo, al éste no perseguir ningún tipo de satisfacción económica, dicho artículo abolió criterios para determinar la competencia por la cuantía, y señaló a los Tribunales de Primera Instancia (con mayúsculas para identificarlos por su denominación) como los competentes para conocer la primera instancia del proceso de amparo (criterio que se mantiene en el artículo 9 eiusdem).
Como el derecho infringido o amenazado de infracción es un derecho constitucional, cualquier juez, en su condición de garante de la supremacía constitucional (artículo 334 de la vigente Constitución), podría en principio conocer las violaciones de dichos derechos o garantías constitucionales, pero la frase del artículo 7 señalado, de que los tribunales competentes para conocer la acción de amparo lo serán los de “la materia afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violado o amenazados de violación”, limita entre los de Primera Instancia la competencia por la materia. Teniendo en cuenta que los derechos y garantías constitucionales serán siempre los infringidos, y que la jurisdicción constitucional protege siempre esos derechos y garantías, lo que viene a determinar la competencia ratione materiae es la materia afín con el derecho transgredido, por lo que hay que concluir que el artículo 7 al remitirse a la afinidad se refiere a la naturaleza de la situación jurídica que se dice lesionada o amenazada, como atributiva de la competencia material.
Es dicho derecho el que conduce a que sea un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, el que conozca de una situación jurídica de derecho civil, diferente -por ejemplo- de una fundada en derecho laboral, que generaría la intervención de órganos jurisdiccionales de Primera Instancia con competencia en lo laboral.
…Omissis…
En vista de que hay tribunales con competencia territorial y material nacional, así como lugares donde no hay Tribunales de Primera Instancia con competencia en la materia conexa con la situación jurídica del accionante, el artículo 9 previno, que si en el lugar de la transgresión no funcionaren tribunales de Primera Instancia (“en el lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia”), se interpondrá la acción de amparo ante cualquier juez de la localidad, que decidirá con carácter provisional, conforme a lo establecido (el procedimiento) en la ley especial que rige el amparo constitucional.
Es tarea de esta Sala, dilucidar qué se entiende por localidad, ya que los Tribunales de Primera Instancia tienen asignadas competencias territoriales que engloban varios municipios, lo que podría hacer pensar que los municipios adscritos territorialmente a esos tribunales conforman la localidad del mismo, así existan dentro de ellos poblaciones separadas por muchos kilómetros de la sede del Tribunal de Primera Instancia.
Lo anterior no ha podido ser la intención del Legislador, ya que no hubiera utilizado en la norma comentada la frase: “lugar donde no funcionen tribunales de Primera Instancia”, por lo que hay que interpretar que se trata de tribunales cuya sede se encuentra en ciudades o pueblos distantes de la sede del tribunal de primera instancia competente por la materia; es decir, que se encuentren en municipios diferentes de aquél donde tiene su sede el Tribunal de Primera Instancia competente por la materia.
En el caso excepcional del artículo 9 eiusdem, el trámite de la primera instancia del amparo hasta su sentencia, se adelantará ante un tribunal del lugar. Pero, ¿cuál será ese tribunal? El legislador previno que en dicha localidad podía existir algún juzgado, por lo que en el citado artículo 9 señaló “cualquier juez de la localidad”.
Es criterio de esta Sala, que ese cualquier juez no puede ser uno de primera instancia con competencia por la materia distinta a la que rige la situación jurídica; ya que la lectura de la norma conduce a interpretar, que se trata de una localidad donde no hay ningún juez de primera instancia, donde no funcionan tribunales de primera instancia (en plural, la redacción del artículo 9), es decir donde no hay ninguno. Es en una localidad o municipio de este tipo, que es de suponer apartada de la sede del tribunal de primera instancia competente por la materia, donde se da el supuesto del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Aunque resulte absurdo que en una localidad no exista juez de primera instancia para conocer la materia del amparo, y sí otros de primera instancia con otras competencias y que ante éstos, no se pueda interponer la acción, podría pensarse para no incurrir en el absurdo, que en estos casos ellos serían los excepcionales para conocer la acción cuya decisión iría en consulta al juez de primera instancia competente, al igual que sucede con los amparos conocidos por los otros tribunales a que se refiere el artículo 9 comentado.
Pero tal solución en apariencia lógica, choca con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la consulta y la apelación son siempre ante un superior, lo que elimina del artículo 9 a tribunales de igual entidad, debiendo pensarse que el que conoce en el supuesto del artículo 9 es un tribunal inferior al de Primera Instancia.
El “cualquier juez de la localidad”, tal como aparece en el artículo 9, no necesita tener competencia material sobre la situación jurídica que se trata de proteger, con lo que también choca dicha norma con el artículo 7 eiusdem y su criterio de la materia afín, sino que bastaría que fuese inferior al tribunal de primera instancia competente, que tiene su sede en otra localidad, a quien le enviará en consulta su decisión, dentro de las 24 horas siguientes a su publicación.
No contempla el artículo 9 la institución de la apelación, la cual, como principio general, puede ser interpuesta dentro de tres días de la fecha en que se dictó el fallo, conforme al artículo 35 eiusdem, y ello obliga a examinar el artículo 9 desde otro ángulo, ya que no puede negársele la apelación a las partes, dentro de un sistema que garantiza la doble instancia, y mal puede existir una apelación a interponerse dentro de tres días de publicado el fallo, cuando dentro de las 24 horas de la publicación de la decisión (artículo 9 citado) se envía en consulta al “tribunal de primera instancia competente” (subrayado de la Sala).
Ante esta incompetencia por la materia, reconocida por la propia norma, del tribunal que debido a la necesidad de acceso a la justicia y a la celeridad sentenció el amparo, esta Sala no puede sino interpretar que el trámite ante dicho tribunal, más la consulta prevenida, conforman una sola instancia (la primera), y por ello no consideró el legislador la apelación de dicho fallo; siendo posible la apelación contra el fallo del Tribunal de Primera Instancia que lo dicta motivado por la consulta obligatoria prevista en el artículo 9 eiusdem, agotándose así la primera instancia, y siendo dicha sentencia, a la vez, consultable con el superior, a tenor del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que dicho superior -claramente separado del tribunal de primera instancia a que se refiere el artículo 9 comentado- es el que conocerá la causa en segunda instancia.
…Omissis…
Siendo la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de fecha posterior a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (la primera es del 27 de septiembre de 1988 y la segunda del 27 de julio de 1976), ha existido una subversión total de las normas sobre competencia en materia de amparo, cuando se han considerado competentes a tribunales diferentes a los de Primera Instancia del lugar donde ocurrieron los hechos, y ello ha redundado en contra de caracteres de la acción de amparo, contemplados en los artículos 13, 15 y 16 de la ley especial que la rige, dirigidos al restablecimiento inmediato de la situación infringida, ya que los actores a veces han tenido que trasladarse a grandes distancias del lugar de los hechos, lo que atenta no solo contra la rapidez en la reparación de la infracción, sino en el aspecto económico del querellante. Tal situación, necesariamente debe corregirse.
El acceso a la justicia a que tiene derecho toda persona (artículo 26 de la Constitución vigente), para lograr una tutela efectiva y obtener con prontitud la decisión, se ve enervado en muchos casos al “obligar” a la persona a trasladarse a un lugar distinto a aquél donde ocurrieron los hechos.
Ante esta realidad, esta Sala considera que en los lugares donde existen tribunales de Primera Instancia, ellos conocerán de los amparos, siempre que sean competentes por la materia afín con la naturaleza de la situación jurídica que se denuncia como infringida; es decir, que sí se trata de tribunales especializados, ellos conocerán de los amparos afines con la especialización, pero si esa afinidad no existe en los tribunales especiales, los de Primera Instancia en lo Civil, por ser los tribunales de Derecho Común, serán los competentes para conocer de las acciones de amparo nacidas de infracciones constitucionales ocurridas en el territorio del Municipio donde tienen su sede (donde se encuentran instalados).
Sin embargo, dada la atribución que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia otorgó en materia administrativa a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo y a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala considera que dichos tribunales seguirán conociendo amparos en primera instancia, cuando el nexo de derecho que califica a la situación jurídica, es de naturaleza administrativa, salvo las excepciones que adelante se señalan.
Desde esta visión, tendiente a evitar en lo posible que se siga violando la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en detrimento del justiciable, esta Sala como complemento de su fallo del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), donde se reguló la competencia, establece:
A) Excepto lo dispuesto en el literal D) de este fallo (infra), los amparos, conforme al artículo 7 eiusdem, se incoarán ante el juez de Primera Instancia con competencia sobre los derechos subjetivos a que se refiere la situación jurídica infringida, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Este puede ser un Tribunal de Primera Instancia, si fuere el caso, de una jurisdicción especial, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en otras leyes, o que se creare en el futuro, pero si la situación jurídica infringida no es afín con la especialidad de dicho juez de Primera Instancia, o su naturaleza es de derecho común, conocerá en primera instancia constitucional el Juez de Primera Instancia en lo Civil.
B) Con relación al literal anterior, en las localidades que carezcan de jueces de Primera Instancia competentes, se aplicará el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la forma expresada en este fallo, y la consulta obligatoria prevista en dicho artículo se remitirá al Juez de Primera Instancia competente, conforme al literal anterior (juez especial o común).
En todo caso, el accionante podrá escoger entre el Tribunal prevenido en el artículo 9 eiusdem, o el de Primera Instancia competente, quien actuará como tal.
C) Las apelaciones y consultas de las decisiones de la primera instancia de los juicios de amparo, serán conocidas por los Tribunales Superiores con competencia en la materia específica que rija la situación jurídica denunciada como infringida, conforme a las competencias territoriales en que se ha dividido la República. En consecuencia, cuando un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, conoce -por ejemplo- de un asunto agrario, por no existir en la localidad un juzgado agrario, el Superior que conoce de la apelación o de la alzada según el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, será el Superior Agrario con competencia territorial en la región donde opera el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil.
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