Adiós a Beccaria

Hay una mala aplicación de las leyes penales en Venezuela. Se concibe la suspensión de las penas cuando estás no pasan de los 5 años, esto trae como consecuencia que el sujeto activo del delito opere más relajado pues sabe que puede salir beneficiado al admitir hechos en algunos delitos.

Si aquí eliminarán la Suspensión Condicional de la pena en varios delitos y todo aquel que haya Sido sentenciado a pagar prisión lo pagará así sea la mitad de la pena, hubiera mayor respeto a las personas, a la propiedad y al mismo estado.

Lo otro sería que si el penado pretende salir al pagar la mitad de la pena, este debería compensar con trabajo su libertad condicional, es decir trabajar dentro y fuera del penal, contribuir al desarrollo económico y social del país haciendo carreteras, puentes, escuelas, y levantando el paralizado proyecto del sistema ferroviario nacional.

Tanto hombres como mujeres pueden trabajar para resarcir sus dolos a la sociedad. En el marxismo, el trabajo es la célula integradora de la sociedad, por encima de la familia, y es que el trabajo es un elemento que acopla al ser social, la familia a veces lo alcahuetea, librando al sujeto de responsabilidad, por eso hay que revisar mucho esos conceptos.

¿Feminicidio? ¿Sr. Fiscal, está seguro que todos los homicidios de féminas son Feminicidio?

Me gustaría compartirles estás definiciones en atención al término usado de “feminicidio" por parte del Ministerio Público en nuestra patria. Desde mi óptica obvian que para calificar el homicidio de una mujer, no solo basta con que el agresor sea hombre, sino que deben interferir otras características y/o acciones previas al delito, así como la presencia del odio de género, como elemento _sine cuanom_ de la comisión del hecho, aún cuando los sujetos activo y pasivo del delito sean pareja.

El uso de esta calificación a veces es indiscriminado y sin sustento jurídico axiológico, ni epistemologico incluso, tal y como alguna vez estuvo de moda usar el término o calificación jurídica de Asociación para delinquir sin que se cumplieran las premisas establecidas irónicamente por la misma doctrina del ministerio público.

La Audiencia Preliminar

Para los colegas que se inician ..Audiencia Preliminar en Derecho Penal
Cuando el Fiscal del Ministerio Público presente la acusación contra el imputado, significa que la investigación proporcionó los fundamentos pertinentes y necesarios para el enjuiciamiento publico del imputado
En Venezuela la Audiencia Preliminar es la oportunidad procesal que se da cuando el Fiscal del Ministerio Público presenta su acusación contra el imputado y el Juez convoca a una audiencia oral para que las partes hagan sus alegatos
La audiencia preliminar de la fase intermedia, en el procedimiento ordinario, significa que presentada esta acusación ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción  correspondiente, el Juez debe convocar a las partes a una audiencia oral, la cual se realizará dentro de un plazo que no debe ser menor de quince (15) días ni mayor de veinte (20).

Esta audiencia es privada y asistirán;  el Juez del respectivo Tribunal de Control, el Secretario del Tribunal de Control, el Fiscal del Ministerio Público, la víctima, el o el acusador privado que defiende a  la victima (en caso de haberlo) el defensor público o privado y el o los imputados.
Autores españoles, manifiestan que la función primordial de la fase preparatoria, es dilucidar si concurren o no los presupuestos del juicio oral.

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¿Que hacer cuando se es visitado por funcionarios bajo la excusa de un Allanamiento?

Llama poderosamente la atención la ligereza con que los cuerpos de “seguridad" del estado venezolano día a día distan de ese calificativo facultativo entre comillas y como se han encargado ya de manera descarada de hacer “allanamientos" de morada, oficinas, y otros lugares privados sin una respectiva orden emanada de tribunal de control alguno. Esta acción antijurídica deja en entredicho cada día más al ya muy señalado sistema de justicia venezolano.

Al parecer en muchos casos basta con presumir de que el ciudadano “visitado" tiene dinero o una posición económica que pueda hacer dudar su origen para que las fuerzas policiales cometan tal diligencia de manera improvisada y bajo un manto de vicios y amenazas que cubren la legalidad en pro de conseguir beneficios económicos para los funcionarios actuantes.

Esta práctica era muy común de funcionarios del CICPC que bajo la excusa de avistar a un sospechoso incluso en la entrada de su propia casa lo amedrentaba y entraban a la misma, y si conseguían algún objeto proveniente del delito o simplemente que no fuese justificado por su condición económica estos eran procesados y tristemente imputados por un Ministerio Público cómplice por omisión. Sí, omisión, la omisión de no verificar las actuaciones policiales y admitir actos contrarios a la ley por la conducta típica de funcionarios corruptos, que incluso retienen ilegítimamente a familiares de las víctimas en estos casos bajo la amenaza y extorsión. Ahora esta práctica se ha generalizado a nivel nacional, a los sabuesos del CICPC se les han unido en unísono la Policía Nacional, sobretodo con su grupo especial FAES, la GN, con su escuadrón “elite" contra la Extorsión y el Secuestro CONAS, y el DGCIM.

Principio de Doble Connotación de la Investigación Fiscal o de Objetividad en la Investigación

La Objetividad es un Principio legal en el Accionar de los y las fiscales del Ministerio Público, establecido en el artículo 10 de la Ley Organica que rige su obrar como Poder Público Nacional y que realmente hoy en día esta sujeto a muchas reservas por parte de la ciudadanía en general.  a la postre de dicha norma, la citamos en el presente artículo que no queremos se confunda con un trabajo Profesional o de Grado, en realidad es la opinión de nuestro equipo de trabajo que día a día se topa con dificitudes propias del ambito de crisis de valores que a su vez a generado segun criterio subjetivo la crisis economica y social en que en la actualidad se encuentra sumergido el país.

Artículo 10. "Los fiscales o las fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia". En realidad conocemos muchos y muchas funcionarios de este Poder Público que con sacrificio y desapego a lo material realizan su trabajo día a día, exponiendo hasta sus vidas en la calle, pues no gozan de escoltas o vehículos que puedan servirles en tener una mejor calidad de vida en el ejercicio de su profesión, pero tambien conocemos muchos que de manera automata solo se dedican a acusar sin hacer un minimo de diligencias en pro de buscar el verdadero esclarecimiento de los hechos, causando silencio de pruebas en cuanto a la no aceptación de testimoniales y documentales que pueden servir a coadyuvar a la busqueda de la verdad en cada investigación.

Breve estudio sobre El Interdicto de Amparo y el Interdicto por Despojo y Perturbación

Analisis El artículo 2.º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece: “La acción de amparo procederá contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente”.

La vía de hecho constituye un abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo ejercicio del poder constituido. La vía de hecho desconoce que en un Estado constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son limitados y que esos límites vienen impuestos por la Constitución y por la ley, pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, ante situaciones extraordinarias, es decir, en aquellos casos en que se está ante manifiestos desconocimientos de la Constitución y de la ley y que son susceptibles de vulnerar o amenazar derechos fundamentales, la acción de tutela procede contra actuaciones materiales o vías de hecho.